EL FPV presentó un proyecto para regular y ordenar la actividad de los cuidacoches
La iniciativa que lleva la firma de las diputadas Gabriela Alegre y Claudia Neira, establece la creación de un "Registro de Cuidadores de Vehículos", que funcionará bajo el ámbito de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.
La iniciativa que lleva la firma de las diputadas Gabriela Alegre y Claudia Neira, establece la creación de un "Registro de Cuidadores de Vehículos", que funcionará bajo el ámbito de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.
En
los fundamentos, las legisladoras sostienen que “quienes se desempeñan
en este tipo de actividades en la vía pública, son personas que se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad social”.
La presidenta del Bloque del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Alegre, sostuvo que: “la política represiva, que persigue a los cuidacoches, discrimina y estigmatiza a gran parte de ellos, quienes ejercen una actividad de mera subsistencia.”
Alegre manifestó que: “el
proyecto del PRO apunta a prohibir la actividad y desligarse de la
responsabilidad del Estado de atender las situaciones de vulnerabilidad.
Por eso, nuestra propuesta es organizar el uso del espacio, armonizar
intereses y brindar un marco regulatorio. También habrá sanciones para
los casos de incumplimiento”.
Por su parte, la diputada Neira, quién actualmente se desempeña como Vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura Porteña expresó que: “el
Pro plantea prohibir los trapitos porque le resulta más fácil que
intervenir desde el Estado para ordenar y controlar estas actividades.”
Y agregó que: “Prohibir
no es solución: quienes quieren delinquir y lo hacen a través de estas
actividades se irían a buscar otra actividad que les permita robar. En
cambio, los que pagarán el costo son las personas que encuentran en esta actividad un rebusque de subsistencia.”
Las
diputadas coinciden en que el Estado no puede desentenderse de la
situación de los jóvenes que ejercen estas actividades, por ello el
proyecto prevé la intervención del Consejo de derechos de niños niñas y adolescentes.
Tendrán
prioridad para inscribirse en el registro, los jubilados y pensionados,
los adultos mayores sin beneficio previsional, las personas que
padezcan algún tipo de discapacidad, aquellas que integran familias
numerosas, o en las que alguno de sus miembros padezca algún tipo de
discapacidad, las jefas de hogar y las personas en situación de calle.
Asimismo,
la ley determina que en caso de incumplimiento de alguna de las
cláusulas establecidas, se podrá revocar el permiso otorgado. Además,
impone sanciones por cuidar coches sin autorización y con penas
agravadas para aquellos que participen de su organización.