Nos enfrentamos hoy ante la colisión de dos concepciones de salud: por un lado, una salud entendida como servicio, mercantilizable, donde el acceso está determinado por las posibilidades económicas de las personas. Por otro, una salud entendida como derecho, basada en la solidaridad social, concibiendo la salud desde una concepción amplia que incluye: vivienda, educación, medio ambiente, prevención y tratamiento de la enfermedad.
Esta segunda concepción, la salud como derecho, implica entonces una decisión ética, nos comprometemos a luchar por ella, porque la consideramos un derecho humano.
Actualmente se encuentran en tratamiento en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dos proyectos de ley que reavivan el debate acerca de qué concepto de salud queremos:
El primero trata sobre la implementación de una política de producción pública de medicamentos. En los casos en los cuales se necesita un tratamiento farmacológico, el costo de éstos recae mayoritariamente sobre el paciente, razón por la cual las posibilidades económicas se vuelven condicionantes para su efectivo empleo. De esta manera, el medicamento se erige como un gran factor de inequidad en el acceso a los tratamientos médicos.
Por otro lado, no es sólo el paciente quien sufre el costo de los medicamentos, nuestro sistema de salud público realiza grandes erogaciones presupuestarias destinadas a la compra de fármacos de uso corriente. Éstos pueden ser producidos, con la calidad necesaria y de manera eficiente, por el propio estado, permitiendo disminuir el gasto público en este rubro y así fortalecer otros ítems necesarios del presupuesto. A su vez, la reducción del precio frente al mercado permitirá a la población un acceso más justo a los medicamentos.
El segundo proyecto, que se encuentra en debate, tiene como fin regular la enseñanza médica en los hospitales públicos. Lo que se busca es revertir la actual situación, en donde los hospitales públicos reciben a cientos de alumnos de universidades privadas, dejando muchas veces fuera para sus prácticas a estudiantes de la universidad pública.
La universidad pública, dentro de sus objetivos, contiene un sentido de formación de profesionales que puedan atender a las necesidades de la población. Se establece, de forma tácita, una relación, desde la sociedad, de invertir en la enseñanza superior pública a fin de verse retribuida en un futuro por el desempeño y la vocación social de los profesionales allí formados. En esta concepción social de formación es en donde entran en juego los pacientes de los hospitales universitarios y públicos que permiten, dentro de sus tratamientos y atención a cargo de médicos profesionales, también ser examinados por alumnos, tarea que contribuye a la formación de mejores médicos para el futuro.
El concepto de educación privada, en cambio, se basa en la lógica del mercado: la posibilidad de acceso a las carreras está restringida desde su inicio a quienes tienen los recursos para afrontar los costos. Las universidades privadas usan hoy los hospitales públicos porque representan para ellos la opción más barata para bajar los costos de su empresa, dado que los aportes realizados por éstas a los hospitales son ínfimos.
Las noticias diarias sobre el posible cierre de hospitales públicos (como el caso del Hospital Oftalmológico Lagleyze), el desfinanciamiento de centros de salud y diversos planes o programas dejan más que en evidencia cuál es la política que se implementa hoy desde el Ejecutivo: el vaciamiento de lo público deja nuevos "clientes" para las iniciativas privadas.
Lo que no contemplan las actitudes del macrismo y su concepción mercantilista de salud -tanto al no impulsar la producción de medicamentos por parte del Estado como también al priorizar a estudiantes de universidades privadas por sobre los alumnos de la educación pública en los Hospitales Escuelas- es el tendal de nuevos excluidos al derecho de la salud que esta lógica infame produce a su paso, o al menos no parece importarles.
Juan Gago
Asesor en Salud.
Despacho Diputada Gabriela Alegre
